Formadores de “centinelas de ley” estarían aplicando el famoso dicho “haz lo que yo digo no lo que yo hago”

Altas autoridades de universidades privadas podrían estar incumpliendo una normativa.

A oídos de quien les escribe llegó la información de que existe una ley que prohíbe a los Ministros y Autoridades Judiciales ocupar altos cargos en las universidades. Tal es así que investigué y descubrí una publicación emitida por el Diario La Nación en abril de este año que señala que “La Cámara de Senadores sancionó la ley que impide que los parlamentarios y ministros de la Corte Suprema de Justicia se desempeñen en altos cargos académicos en las instituciones universitarias”

“Con esta modificación no se permite a las autoridades del Poder Legislativo ni Judicial ser electos, designados o nombrados para ejercer cargos académicos en universidades o institutos superiores. Así se evita que ocupen dos cargos en simultáneo. Igualmente se diferencia a aquellos que son docentes y perciben salario por horas cátedras”, señala el artículo que se puede leer aquí

En la página del Tribunal está la nómina de magistrados

Y esto llamó aún más mi atención pues con ayuda de los lectores del Chure descubrimos que el abogado Gustavo Auadre, quien forma parte del Tribunal de Apelaciones de la Adolescencia, también formaría parte del Consejo directivo de una conocida universidad privada de Asunción, en donde según el portal de la mencionada Universidad, estaría ocupando al mismo tiempo el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas y Sociales, respectivamente.

Y en la página de la Universidad aparece el staff

Este mismo caso también se estaría repitiendo en otra universidad que tiene como decana a nada más y nada menos que a la fiscal Carmen Gubetich de Cattoni, por supuesto, todo según las publicaciones de los propios portales de dicha universidad.

No hay peor ciego que el que no quiere ver

No tardó para que los lectores de esta página vinculen estas situaciones con un punto que resaltamos en una publicación anterior en donde señalábamos que según una publicación del diario La Nación, que un sujeto de nombre Gabriel Martin, alias “Torta”, quien sería hijo del representante del Consejo de Administración de una universidad privada de Asunción y de la directora de E-Learning de la misma casa de estudios habría sido uno de los principales financistas de la famosa red de narcotráfico vip desmantelado meses atrás por agentes de la Senad (Ver Nota).

¿Será posible que este sea el verdadero origen de la injusta justicia que tenemos en nuestro país ya que los propios formadores de los abogados y “centinelas de la ley” están incumpliendo aparentemente una normativa clara?

En mi infinita inocencia tengo una vaga esperanza de que esto sea solo un mal entendido y no un brazo de impunidad dispuesto a torcerse solo a favor de su entorno más cercano.